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En el actual proceso que cambia Bolivia y en las condiciones del gobierno democrático y popular que encabeza Evo Morales, existen mejores condiciones para que se realicen los derechos humanos los que, ahora, son parte de la nueva Constitución Política del Estado, sin excepción que sea relevante.

Proceso de cambios o transición que, es necesario tenerlo siempre presente, es el resultado de la lucha del pueblo boliviano desplegada en diversas batallas clasistas y nacionales. El gobierno es parte indivisible del primero, por tanto, también es una consecuencia de aquellas acciones. Esa es la poderosa razón por la que quienes hemos participado de esas luchas nos consideramos copropietarios legítimos de aquel proceso y de aquel gobierno y, por eso, los defendemos y buscamos su consolidación y avance. Por ello, mediante las elecciones que esperamos ganar con un mayor porcentaje del que señalan las encuestas, confiamos en que se reproducirá el poder democrático y popular, con lo que seguirá abierto el cauce de las reformas avanzadas que se impulsan en este tiempo las que, para su profundización, deben enlazarse con una revolución. Y ésta será visible cuando el pueblo y los trabajadores asuman todo el poder.

Entre tanto, las modificaciones en las formas de distribuir lo que producimos los bolivianos, mediante los bonos, apuntan a que derechos burlados y postergados durante prolongado tiempo sean atendidos, aunque se advierte que todavía no es posible en la dimensión del trabajo y menos de las necesidades. Aunque a esos bonos se los califique como asistencialistas, el “Juancito Pinto” busca asegurar el derecho a la educación, especialmente a un millón de niños bolivianos que durante el neoliberalismo permanecían fuera de las escuelas. Y, cuando menos, a evitar la deserción escolar que era especialmente crecida entre nosotros y que actualmente disminuye.

Los abuelos, que estuvieron en la primera línea en defensa de las conquistas sociales, con el “Bono Dignidad” siquiera cuentan con ingresos que les asegura mejorar, en parte, su alimentación. Como se ha dicho tantas veces: innumerables integrantes de la tercera edad por primera vez reciben un ingreso, del que estuvieron privados por el sistema dominante durante décadas, al que sí le interesan los negocios antes que la gente.

El “Juana Azurduy”, bono destinado a las mujeres y niños, aunque para algunos es un estímulo para la procreación desmedida y el que todavía no se paga con la celeridad requerida, se suma a los escasos ingresos de las mujeres del pueblo las que lo reciben (o recibirán) y el que sí lo necesitan. Así se atiende (o se atenderán) el derecho a la alimentación y a la salud. No es un caudal el que reciben aquellas mujeres, pero es mucho ante las carencias extremas que padecieron.

Ingresos indirectos, modestos todavía, son los que se materializan mediante la rebaja de servicios, como el de la energía eléctrica, el gas natural a domicilio y el de los celulares. Esos ingresos indirectos son escasos todavía porque tenemos derecho a recibir mejores salarios, mayores ingresos. Pero incluso para ello tenemos que trabajar mucho más. Es mentira que en tiempos de cambio (al menos en la etapa en la que nos encontramos) podemos disfrutar de la riqueza nacional y trabajar menos. Es al revés, tenemos que trabajar más.

El derecho al trabajo (derecho humano, como los otros anotados aquí), durante el gobierno actual es atendido aunque sea, también, parcialmente. La falta de fuentes de trabajo es uno de los ejemplos irrefutables del atraso, el que es resultado de la forma de producir: capitalista y atrasada. Este es el sistema, todavía dominante en Bolivia, que necesitamos sustituir por otro más avanzado, para nosotros el socialismo plurinacional y multicultural, si a éste se lo denomina socialismo del siglo XXI, bienvenido ese nombre.

El gobierno refirió que en estos últimos cuatro años se han creado más de 400 mil puestos de trabajo, dato que la oposición, empresarios y medios de difusión han puesto en duda. Pero al menos esa información debe servir para que los periodistas y otros profesionales investiguemos para establecer la verdad o la mentira sobre esos empleos anunciados. Lo irresponsable es poner en duda aquella noticia y cruzarse de brazos.

El derecho a la salud se atiende mucho más que antes, especialmente con la cooperación de los médicos cubanos y el respaldo económico del pueblo venezolano. Los más de 400.000 compatriotas (a los que se suman miles de peruanos, argentinos y brasileños) que han sido operados de los ojos por médicos cubanos, jamás hubieran accedido a esas curaciones por cuenta propia. Ese servicio gratuito, ejemplo de solidaridad del socialismo que triunfa en la Isla indomable, es una muestra de la atención de un derecho humano del que los bolivianos sólo somos beneficiarios, aunque parece llegada la hora de que aportemos para cubrir los costos de ese servicio y, además, el gobierno debe tomar las medidas necesarias para que cuando concluya la ayuda médica cubana en nuestro suelo seamos capaces de sustituirlo con recursos humanos y materiales propios. Esto último ocurrirá cuando seamos autosuficientes en un servicio como el de la salud, pero para ello falta un trecho del que es difícil señalar su dimensión. Sin embargo, abemos que los médicos cubanos nos ayudarán aquí el tiempo que “el presidente Morales y el pueblo boliviano lo quieran”, ha dicho el Embajador de la isla caribeña.

Sobre el derecho a la vida, el que según la derecha no está garantizado en Bolivia, importan precisiones aunque sean breves:

Se responsabiliza al gobierno de las muertes (de 16 cooperativistas y asalariados mineros, y de 200 heridos) ocurridas en Huanuni en octubre de 2006. Aunque una investigación a fondo no se hizo hasta este momento sobre aquel enfrentamiento, es posible afirmar que aquél, que no se pudo evitar, fue una muestra lamentable de la lucha por el pan. Lo inadmisible es que entre hermanos de infortunio se hayan enfrentado. Sin embargo, el gobierno incorporó como trabajadores regulares de la Empresa Minera Huanuni a la mayoría de los cooperativistas y los convirtió en asalariados, es decir, les aseguró una ocupación productiva y permanente, como siguen reclamando los sindicatos del país. Así el gobierno atendió un derecho humano lo que fue y es observado por empresarios y por la derecha política. Éstos afirman que son demasiados los asalariados de Huanuni, en el que encuentra la más importante reserva de minerales de estaño de nuestro país. Pero sólo los irresponsables culpan al gobierno de esas muertes y de los heridos en Huanuni.

Sobre la presunta violación de los derechos humanos de empresarios y políticos en Santa Cruz, cabe decir que los autoexiliados desde la ciudad oriental salieron del país luego de que se descubrió y desarticuló a los probables o reales terroristas que operaron en aquella región bajo el mando del boliviano-húngaro y ex combatiente de la guerra de Croacia, Eduardo Rozsa.

Los atentados que posiblemente ejecutaron aquellos que integraron la llamada célula terrorista violaron la seguridad ciudadana, es decir, vulneraron derechos humanos de familias y de ciudadanos cruceños y bolivianos.

Desde la Prefectura de Santa Cruz también se violentó el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad, a la vida de innumerables compatriotas, especialmente de inmigrantes y también de nacidos en aquel departamento. Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), entonces al servicio de dirigentes empresariales, cívicos y políticos, también violaron aquellos derechos. Organismos encargados de la defensa de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos aportan con datos a tomarse en cuenta: en Bolivia se violan los derechos humanos también desde grupos de choque como la UJC.

Durante la matanza de Porvenir (11-IX-08), con el resultado luctuoso de al menos 13 muertos, decenas de heridos y torturados, se violaron los derechos a la vida, a la seguridad, al libre tránsito, al trabajo, a la educción, entre los principales. Los autores de esa masacre, de las heridas y las torturas fueron grupos paramilitares bajo el mando del ex Prefecto de Pando, ahora detenido en el penal de San Pedro y candidato a la vicepresidencia del país. Huestes que, con la masacre, defendieron un poder regional pandino que sigue casi intacto.

La derecha asegura que aquella ex autoridad está privada de sus derechos políticos, como el de hacer campaña electoral. Esta es una de las mentiras, la que a veces parece que creen incluso funcionarios del gobierno. Aquel preso, al que se le sigue un juicio criminal porque se le acusa de autoría intelectual en la matanza de Porvenir, ejerce todos sus derechos políticos y en particular el de la libertad de expresión. Hay ejemplos suficientes que demuestran que aquel político y empresario sólo está impedido de la libre locomoción.

Con lo dicho constatamos que en la transición boliviana y con el gobierno actuales, existen mejores condiciones para la realización de los derechos humanos de los bolivianos. Derechos humanos promocionados, defendidos y realizados (con las limitaciones expresadas), especialmente de los empobrecidos, sin negar en absoluto la universalidad de esos derechos.

Esta evidencia es demostrable en cualquier momento. Por ello, nosotros también decimos que vengan organismos defensores de los derechos humanos a constatar en terreno boliviano hasta dónde se respetan aquellos derechos desde el gobierno y de qué forma se los viola desde organismos paramilitares, y por policías, militares y jueces formados para cuidar la seguridad de un Estado burgués dependiente que se trata de sustituir en Bolivia que cambia, a pesar de todo.

La Paz, 7 de noviembre de 2009.

*Periodista