La Paz, 22 Jul (Erbol).- El Gobierno anunció la noche de este martes que presentará una querella contra la magistrada suplente del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, por el delito de prevaricato y advirtió que hará lo mismo contra otros operadores de justicia que intenten frenar el Referendo Revocatorio de Mandato Popular.

Salame, en declaraciones a la Red Erbol, informó que emitió hoy un Decreto que dispone la paralización de la consulta popular del 10 de agosto próximo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso directo de inconstitucional presentado por el diputado de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto a su colega Héctor Arce, dijo que esta acción se constituye en una usurpación de funciones, toda vez que ese órgano del Poder Judicial es un cuerpo colectivo y no individual, en consecuencia, la opinión y el Decreto emitido por la Magistrada no tienen ningún valor jurídico.

“Es una cantinflada que nadie comprende de donde salió aquello, considero que no se puede manosear así al Tribunal Constitucional y mancillar incluso el honor de la abogacía con las cantinfladas de una magistrada suplente que intenta parar el voto del pueblo”, manifestó.

Exhortó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y a los vocales de la Cortes Superiores de Distrito a que no intenten frenar el acto electoral del 10 de agosto porque cometerían el delito de prevaricato, porque la siguiente estrategia de la derecha es presentar un Amparo Constitucional.

Por su lado, el ministro sin cartera, Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, reiteró que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, la Ley que convoca al Referendo Revocatorio de Mandato Popular goza de constitucionalidad.

“La Constitución prevé que en este sistema de control concentrado toda norma es constitucional entre tanto el Tribunal no se pronuncie; por tanto, la Ley que convoca al Referendo Revocatorio es plena, total y válidamente constitucional, que tiene que acatarse y cumplirse”, remarcó.